Desde hace muchos años, lo vinculado al manejo de nuestro fútbol da para el comentario. Durante 35 años, el principal responsable fue Julio Grondona, quien –sabido es por todos- se movía a sus anchas, legal o ilegalmente. Podría afirmarse que esto último era un tema menor y sin mayor importancia. Nadie quiso o nadie pudo poner freno a sus manejos y
desmanejos.
Fallecido Don Julio, el barco navega desde el mismo momento de su muerte, a la deriva. Sin timón, y sin que haya surgido una persona en el seno de la AFA, con autoridad moral suficiente como para tomar firmemente la conducción. Como si esto no fuera de por sí un serio problema, desde el año 2009 apareció en escena el Estado Nacional con el Programa Fútbol para Todos.
Para averiguar sobre la existencia de irregularidades en la entrega y distribución de fondos públicos a la AFA, desde esa fecha, en el año 2014 se inició ante la Justicia Federal un proceso, en el cual se designaron tres veedores judiciales. El cambio de gobierno, ocurrido a fines del año 2015, dio una vuelta de tuerca a todo este entramado, toda vez que se amagó con poner en crisis la ingerencia de hecho del Estado (esencialmente por el aporte de fondos), en la AFA. En diciembre del año 2015 –también-, se produjo la frustrada elección de autoridades, con el papelonesco espectáculo que significó la aparición de 38 votos para cada uno de los dos candidatos, con 75 votos emitidos.
Recordamos que la Asociación Civil Salvemos al Fútbol (SAF) requirió en esos momentos, por escrito a la IGJ (vinculada al Ministerio de Justicia de la Nación), la intervención formal de la AFA. Se imponía por el lapso de 180 días, para que el 1º de julio del año 2016 se la entregara saneada a las nuevas autoridades, elegidas con los controles, legitimidad y transparencia que debería garantizar la Inspección General de Justicia. Así lo expusimos. Nada se dispuso al respecto.
Transcurridos varios meses, y puesta en crisis por el Poder Ejecutivo actual la entrega de dinero por parte del Estado a la AFA, se asfixió económica y financieramente a la entidad rectora del fútbol argentino. Apareció entonces, sorpresivamente, la idea de crear una Superliga, como las que funcionan en algunos países de Europa, en especial Alemania o España. Es más, de éste último país llegó el Director o Gerente supervisor de la formada allá, y dio varias charlas para explicar su mecanismo, normativa, etc.
Finalmente, mientras la AFA se encaminaba para tener elecciones a fines del mes de junio del año 2016, se decidió su intervención administrativa con la designación por parte de la IGJ de dos funcionarios de ese organismo, a quienes se dotó de facultades diversas, suspendiendo -como dato de color- el acto eleccionario. En prieta síntesis, ese es el panorama actual, que merece algunas reflexiones y un posicionamiento, objetivo y alejado de banderías políticas y conveniencias.
Cualquier tiempo pasado fue peor. Queremos significar con esto que, más allá de la anarquía que se percibe desde el fallecimiento de Julio Grondona, todo lo que ha transcurrido desde ese momento, se trata de un lógico y caótico proceso tendiente a acomodarse después de 35 años de tener la misma cabeza -arbitraria y omnipresente- a cargo de la AFA.
No hay que temer a este proceso ni sembrar pánico, como se verifica que está sucediendo en estos tiempos, de parte de algunos funcionarios públicos, de parte de algunos dirigentes de fútbol. El Estado Nacional, quien tiene a cargo el Programa Fútbol para Todos debe tomar una decisión al respecto: así como en el año 2009 la decisión política fue suscribir con la AFA un contrato para que se cedieran los derechos de imagen, con la idea de que todos los argentinos pudieran acceder gratuitamente a los partidos de fútbol de al menos dos categorías del fútbol argentino; hoy, con un Gobierno de otro signo político, debe decidirse sobre el particular. La continuación o la rescisión. La ambigüedad que se ha exhibido hasta ahora en este punto es notoria. De hecho, cualquier ciudadano debe entender que las cosas siguen exactamente igual. Y siendo así, guste o no guste, el Estado debe desembolsar, al menos, por contrato, 600 millones de pesos por año, con destino a la Asociación del Fútbol Argentino.
Si los contratos se firman para cumplirse y, por ejemplo, se le ha pagado al Sr. Miguel Galuccio, exCEO de YPF, 72 millones de pesos, por una cláusula de rescisión, es obvio que el Estado debe cumplir con la AFA y entregar el dinero, que hoy, por lo que se conoce, lo retacea sistemáticamente con la excusa de la existencia del proceso penal, o la incertidumbre de su destino.Una asfixia que se estima a esta altura, deliberada. Por las irregularidades de años en la AFA, sus directivos no se animan a ponerse firmes frente al compromiso del Estado, a través de un contrato firmado, para que entregue lo que debe. Si políticamente se estima que no corresponde que el Estado se inmiscuya con fondos públicos en la AFA, debería sentarse con los mandamás actuales de esa entidad, y rescindir el contrato en buenos términos, para que cada cual siga su camino, pero separados.
Es francamente discutible desde el aspecto legal, que la AFA no pueda disponer a su discreción, de los fondos que recibe por el Programa Fútbol para Todos. La AFA cedió derechos de imagen. La contraprestación es el dinero que debe recibir por ello. Un típico contrato de derecho civil. Como el dinero es público, todos nos preguntamos: y quién controla lo que fue y debe ir a la AFA? Debió controlarlo siempre, desde el año 2009 la Inspección General de Justicia. Tiene facultades de sobra para supervisar la actividad, no sólo de la AFA, sino también de cada uno de los clubes. Nunca se llevó a cabo la supervisión correspondiente. Pero esto no significa que la AFA esté condicionada para que el dinero que se reciba vaya a tal o cual sitio.
Mientras tanto, como suele suceder en Argentina, el proceso penal en la Justicia Federal lleva un cansino ritmo. Después de dos años, apenas se avanzó para conocer con algún detalle qué hizo cada uno de los clubes –sus dirigentes en puridad-, con los dineros recibidos de la AFA, a su vez recibidos del Estado.
Se afirma que la mayoría de los clubes están en ruinas. Agregamos que no por casualidad. Las irregularidades y las defraudaciones fueron moneda corriente. Jamás fueron supervisados, controlados o finalmente investigados sus responsables. Salvo, obvio, aisladísimos casos. Como señalamos, la IGJ estuvo ausente, pese a su obligación en contrario.
La importación de una idea instalada en Europa (Superliga) con, en apariencia, buen resultado (económico especialmente), no significa que, como por arte de magia, lo mismo sucederá en Argentina.
Mucho más cuando, que se sepa, los dirigentes que intentan implantar de facto la llamada Superliga en nuestro país (titulares de los clubes grandes, en detrimento de los chicos), no hicieron referencia alguna a mejorar la seguridad en el fútbol. No sólo en los estadios. Cabe informar a quien quiera escuchar, que en las Ligas Europeas cuya matriz pretende importarse a Argentina, esta materia no es importante; es en cambio, mucho más: fundamental y decisiva. El producto se vende a partir de un entretenimiento, un espectáculo al que vale la pena presenciar no sólo a través de imágenes, sino también asistiendo. Y para ello, todo lo relacionado con la violencia y la seguridad debe ser especialmente tenido en consideración.
Insólitamente, no hay referencia alguna en el bosquejo de la Superliga que prepararon los dirigentes de fútbol que desean implementarla, en la creencia que será la panacea, y se generarán ingresos millonarios.
Por ahora, en la medida que no se tenga en cuenta el medular aspecto de la seguridad, cualquier proyecto en tal sentido se vuelve inviable. Sin ir más lejos, de hecho en nuestro país, no tenemos concurrencia de público visitante a las canchas, precisamente por actos reiterados de violencia que han generado cantidad de muertes.
La designación de dos veedores de la IGJ para desempeñarse en la AFA, por más que se los denomine administrativos, se trata de una derecha intervención. Lo que le da a la decisión estatal el carácter de intervención, es la suspensión de las elecciones que, aunque parezca paradojal, ahora no era un tema que generara inconvenientes o se conocieran irregularidades, más allá de que existan candidatos que se miren con recelo, como ocurre en cantidad de Asociaciones Civiles e incluso a nivel de la política.
Y, frente a ello cabe afirmar que, independientemente de nuestro continuo deseo y petición a las autoridades, de que se intervenga la AFA, porque era necesario, casualmente hoy da toda la impresión que la decisión se ha tomado, no por un genuino deseo del Gobierno de turno de mejorar las cosas, sino porque no le es de su agrado el candidato que, en apariencia, sería hoy el que se encuentra con mejores chances de ganar la elección.
De modo que, en conclusión, es cierto que en la Asociación del Fútbol Argentino las cosas no están bien y deben cambiar. Pero también es muy cierto que desde el Estado, se tenga el color político que se tenga, las decisiones que se toman con relación a la AFA siguen siendo interesadas, acomodaticias, poco responsables y con el fin de obtener impactos mediáticos con beneficio político. Alejadas, se entiende, de la búsqueda de mejoras objetivas y concretas para el ciudadano en lo que hace a lograr un seguro y superior espectáculo, socialmente inclusivo, y alejado de prácticas corruptas.
Fallecido Don Julio, el barco navega desde el mismo momento de su muerte, a la deriva. Sin timón, y sin que haya surgido una persona en el seno de la AFA, con autoridad moral suficiente como para tomar firmemente la conducción. Como si esto no fuera de por sí un serio problema, desde el año 2009 apareció en escena el Estado Nacional con el Programa Fútbol para Todos.
Para averiguar sobre la existencia de irregularidades en la entrega y distribución de fondos públicos a la AFA, desde esa fecha, en el año 2014 se inició ante la Justicia Federal un proceso, en el cual se designaron tres veedores judiciales. El cambio de gobierno, ocurrido a fines del año 2015, dio una vuelta de tuerca a todo este entramado, toda vez que se amagó con poner en crisis la ingerencia de hecho del Estado (esencialmente por el aporte de fondos), en la AFA. En diciembre del año 2015 –también-, se produjo la frustrada elección de autoridades, con el papelonesco espectáculo que significó la aparición de 38 votos para cada uno de los dos candidatos, con 75 votos emitidos.
Recordamos que la Asociación Civil Salvemos al Fútbol (SAF) requirió en esos momentos, por escrito a la IGJ (vinculada al Ministerio de Justicia de la Nación), la intervención formal de la AFA. Se imponía por el lapso de 180 días, para que el 1º de julio del año 2016 se la entregara saneada a las nuevas autoridades, elegidas con los controles, legitimidad y transparencia que debería garantizar la Inspección General de Justicia. Así lo expusimos. Nada se dispuso al respecto.
Transcurridos varios meses, y puesta en crisis por el Poder Ejecutivo actual la entrega de dinero por parte del Estado a la AFA, se asfixió económica y financieramente a la entidad rectora del fútbol argentino. Apareció entonces, sorpresivamente, la idea de crear una Superliga, como las que funcionan en algunos países de Europa, en especial Alemania o España. Es más, de éste último país llegó el Director o Gerente supervisor de la formada allá, y dio varias charlas para explicar su mecanismo, normativa, etc.
Finalmente, mientras la AFA se encaminaba para tener elecciones a fines del mes de junio del año 2016, se decidió su intervención administrativa con la designación por parte de la IGJ de dos funcionarios de ese organismo, a quienes se dotó de facultades diversas, suspendiendo -como dato de color- el acto eleccionario. En prieta síntesis, ese es el panorama actual, que merece algunas reflexiones y un posicionamiento, objetivo y alejado de banderías políticas y conveniencias.
Cualquier tiempo pasado fue peor. Queremos significar con esto que, más allá de la anarquía que se percibe desde el fallecimiento de Julio Grondona, todo lo que ha transcurrido desde ese momento, se trata de un lógico y caótico proceso tendiente a acomodarse después de 35 años de tener la misma cabeza -arbitraria y omnipresente- a cargo de la AFA.
No hay que temer a este proceso ni sembrar pánico, como se verifica que está sucediendo en estos tiempos, de parte de algunos funcionarios públicos, de parte de algunos dirigentes de fútbol. El Estado Nacional, quien tiene a cargo el Programa Fútbol para Todos debe tomar una decisión al respecto: así como en el año 2009 la decisión política fue suscribir con la AFA un contrato para que se cedieran los derechos de imagen, con la idea de que todos los argentinos pudieran acceder gratuitamente a los partidos de fútbol de al menos dos categorías del fútbol argentino; hoy, con un Gobierno de otro signo político, debe decidirse sobre el particular. La continuación o la rescisión. La ambigüedad que se ha exhibido hasta ahora en este punto es notoria. De hecho, cualquier ciudadano debe entender que las cosas siguen exactamente igual. Y siendo así, guste o no guste, el Estado debe desembolsar, al menos, por contrato, 600 millones de pesos por año, con destino a la Asociación del Fútbol Argentino.
Si los contratos se firman para cumplirse y, por ejemplo, se le ha pagado al Sr. Miguel Galuccio, exCEO de YPF, 72 millones de pesos, por una cláusula de rescisión, es obvio que el Estado debe cumplir con la AFA y entregar el dinero, que hoy, por lo que se conoce, lo retacea sistemáticamente con la excusa de la existencia del proceso penal, o la incertidumbre de su destino.Una asfixia que se estima a esta altura, deliberada. Por las irregularidades de años en la AFA, sus directivos no se animan a ponerse firmes frente al compromiso del Estado, a través de un contrato firmado, para que entregue lo que debe. Si políticamente se estima que no corresponde que el Estado se inmiscuya con fondos públicos en la AFA, debería sentarse con los mandamás actuales de esa entidad, y rescindir el contrato en buenos términos, para que cada cual siga su camino, pero separados.
Es francamente discutible desde el aspecto legal, que la AFA no pueda disponer a su discreción, de los fondos que recibe por el Programa Fútbol para Todos. La AFA cedió derechos de imagen. La contraprestación es el dinero que debe recibir por ello. Un típico contrato de derecho civil. Como el dinero es público, todos nos preguntamos: y quién controla lo que fue y debe ir a la AFA? Debió controlarlo siempre, desde el año 2009 la Inspección General de Justicia. Tiene facultades de sobra para supervisar la actividad, no sólo de la AFA, sino también de cada uno de los clubes. Nunca se llevó a cabo la supervisión correspondiente. Pero esto no significa que la AFA esté condicionada para que el dinero que se reciba vaya a tal o cual sitio.
Mientras tanto, como suele suceder en Argentina, el proceso penal en la Justicia Federal lleva un cansino ritmo. Después de dos años, apenas se avanzó para conocer con algún detalle qué hizo cada uno de los clubes –sus dirigentes en puridad-, con los dineros recibidos de la AFA, a su vez recibidos del Estado.Se afirma que la mayoría de los clubes están en ruinas. Agregamos que no por casualidad. Las irregularidades y las defraudaciones fueron moneda corriente. Jamás fueron supervisados, controlados o finalmente investigados sus responsables. Salvo, obvio, aisladísimos casos. Como señalamos, la IGJ estuvo ausente, pese a su obligación en contrario.
La importación de una idea instalada en Europa (Superliga) con, en apariencia, buen resultado (económico especialmente), no significa que, como por arte de magia, lo mismo sucederá en Argentina.
Mucho más cuando, que se sepa, los dirigentes que intentan implantar de facto la llamada Superliga en nuestro país (titulares de los clubes grandes, en detrimento de los chicos), no hicieron referencia alguna a mejorar la seguridad en el fútbol. No sólo en los estadios. Cabe informar a quien quiera escuchar, que en las Ligas Europeas cuya matriz pretende importarse a Argentina, esta materia no es importante; es en cambio, mucho más: fundamental y decisiva. El producto se vende a partir de un entretenimiento, un espectáculo al que vale la pena presenciar no sólo a través de imágenes, sino también asistiendo. Y para ello, todo lo relacionado con la violencia y la seguridad debe ser especialmente tenido en consideración.
Insólitamente, no hay referencia alguna en el bosquejo de la Superliga que prepararon los dirigentes de fútbol que desean implementarla, en la creencia que será la panacea, y se generarán ingresos millonarios.
Por ahora, en la medida que no se tenga en cuenta el medular aspecto de la seguridad, cualquier proyecto en tal sentido se vuelve inviable. Sin ir más lejos, de hecho en nuestro país, no tenemos concurrencia de público visitante a las canchas, precisamente por actos reiterados de violencia que han generado cantidad de muertes.
La designación de dos veedores de la IGJ para desempeñarse en la AFA, por más que se los denomine administrativos, se trata de una derecha intervención. Lo que le da a la decisión estatal el carácter de intervención, es la suspensión de las elecciones que, aunque parezca paradojal, ahora no era un tema que generara inconvenientes o se conocieran irregularidades, más allá de que existan candidatos que se miren con recelo, como ocurre en cantidad de Asociaciones Civiles e incluso a nivel de la política.
Y, frente a ello cabe afirmar que, independientemente de nuestro continuo deseo y petición a las autoridades, de que se intervenga la AFA, porque era necesario, casualmente hoy da toda la impresión que la decisión se ha tomado, no por un genuino deseo del Gobierno de turno de mejorar las cosas, sino porque no le es de su agrado el candidato que, en apariencia, sería hoy el que se encuentra con mejores chances de ganar la elección.
De modo que, en conclusión, es cierto que en la Asociación del Fútbol Argentino las cosas no están bien y deben cambiar. Pero también es muy cierto que desde el Estado, se tenga el color político que se tenga, las decisiones que se toman con relación a la AFA siguen siendo interesadas, acomodaticias, poco responsables y con el fin de obtener impactos mediáticos con beneficio político. Alejadas, se entiende, de la búsqueda de mejoras objetivas y concretas para el ciudadano en lo que hace a lograr un seguro y superior espectáculo, socialmente inclusivo, y alejado de prácticas corruptas.
Es lamentable como están las cosas en la AFA y la gente interesada que está metida en eso. Muy buen aporte este artículo.
ResponderEliminarSaludos de mis compañeros de Cablevision